“plebiscitarias”

 

El debate sobre las elecciones “plebiscitarias” en Catalunya

MARTÍ CAUSSA

 

Las tres fuerzas principales que pueden determinar el calendario político de Catalunya (Artur Mas, ERC y ANC-Omnium) están de acuerdo en proponer unas elecciones autonómicas avanzadas que sirvan para mostrar si hay una mayoría clara a favor de la independencia o no. En caso afirmativo se avanzaría hacia este objetivo, preferiblemente de forma negociada con el Estado español, pero sin detenerse si esta negociación no es posible. Las tres fuerzas tienen desacuerdos en otras cuestiones: si ir a las elecciones en una lista unitaria “de país” o en listas separadas, en el peso que deben tener en el programa las cuestiones económicas y sociales, en el momento de abrir un proceso constituyente, etc. Sin embargo lo más probable es que, a pesar de estos desacuerdos iniciales, alcancen un compromiso y se convoquen elecciones avanzadas. A menudo se las ha calificado de plebiscitarias (por ejemplo en el Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya) porque se suponía que en ellas algunos partidos se presentaban con el objetivo único o primordial de conseguir la independencia de Catalunya; pero ahora lo de objetivo único está prácticamente descartado debido a la posición adoptada por Oriol Junqueras, el líder de ERC.

La razón aducida para proponer estas elecciones es que ha quedado muy claro que el Estado español no está dispuesto a consentir ningún tipo de referéndum ni de consulta sobre la independencia. En estas circunstancias, convocar unas elecciones autonómicas según la legalidad vigente y que algunos partidos expliciten claramente el objetivo de la independencia en sus programas es la única forma disponible para saber si hay un mandato popular claro a favor de la misma o no. Hasta el momento nadie ha planteado otra forma posible para conocer la voluntad del pueblo de Catalunya sobre este tema. Y no aceptar esta propuesta sin plantear ninguna alternativa equivaldría a dejar sin ninguna perspectiva a los millones de personas que acudieron a votar el 9N, desafiando la prohibición del Tribunal Constitucional. Esto es lo peor que podría ocurrir, porque equivaldría a desmantelar este impresionante movimiento democrático de masas.

Por eso creo que hay que apoyar que se convoquen estas elecciones (aunque no entro en la discusión de los plazos) y que se conviertan en la consulta sobre la independencia que el Estado no permite hacer, aunque éste no debe ser su único objetivo, sino uno entre otros, aunque claro y destacado. Para los que votamos Sí-Sí el pasado 9N, esto significa trabajar para que exista una mayoría de diputados y de votos claramente favorables a la independencia, lo cual no es nada fácil si se aspira a que una mayoría absoluta de los votantes (más del 50%) se pronuncie por el Sí a la independencia. Con un censo electoral de 5,4 millones de personas y unas participación del 80% esto significaría que entre todos los partidos favorables a la independencia deberían obtener 2,17 millones de votos; pero en la consulta del 9N sólo se obtuvieron 1,9 millones de votos por el Sí-Sí, de los que habría que descontar las personas menores de 18 años y los extranjeros sin derecho a voto; y en las últimas elecciones autonómicas la suma de los votos de CiU, ERC y la CUP fueron sólo 1,74 millones. O sea que el objetivo es difícil y hay que considerar la posibilidad de que la propuesta de independencia no gane o no lo haga con suficiente claridad.

La polémica sobre las listas

Es conocido que la propuesta del presidente Artur Mas es que las principales fuerzas independentistas (fundamentalmente CDC y ERC) concurran a las elecciones con una lista única “de país”, capaz de obtener ella sola la mayoría absoluta en el nuevo Parlament. Esta lista estaría formada por representantes de los partidos y de la sociedad civil, y Artur Mas estaría dispuesto a no encabezarla. Su programa estaría centrado en la independencia y la preparación de las condiciones para conseguirla, lo cual debería durar un máximo de 18 meses; el último acto del Parlament elegido sería la convocatoria simultánea de un referéndum sobre la independencia y unas elecciones constituyentes catalanas. Tanto la ANC como Omnium han valorado muy positivamente esta propuesta.

Pero no así Oriol Junqueras, que es partidario de listas separadas que tengan algunos puntos en común, especialmente que la independencia figure en un lugar destacado del programa. Su argumento es que de esta forma se puede lograr una unidad más amplia y más votos a favor de la independencia. Explica que, aunque el nuevo gobierno durara sólo 18 meses, debería tomar muchas medidas en el terreno económico y social, que no pueden ser neutrales, y que hay mucha gente que sólo votará independencia si cree que es útil para mejorar sus condiciones de vida de forma clara e inmediata. Ester razonamiento supone un giro en las posiciones que ha venido manteniendo ERC desde que, en diciembre del 2012, firmó un acuerdo de legislatura para dar estabilidad al gobierno de Artur Mas a cambio de que éste garantizara la consulta del 9N. Las consecuencias fueron que ERC consintió toda la política económica y social del gobierno para hacer pagar la crisis a las clases populares, que Artur Mas faltó a su compromiso y desactivó la consulta acordada del 9N cuando el Tribunal Constitucional la suspendió, que impuso otra consulta sin consensuarla con ERC ni con nadie y que logró capitalizar sus resultados. El temor de Junqueras a ser engañado de nuevo y a perder votos populares es evidente (según una encuesta de El Periódico realizada después del 9N, en unas elecciones autonómicas CiU superaría ahora a ERC en escaños y Podemos se situaría como tercera fuerza).

Existen razones de peso para rechazar la lista “de país” que propone Artur Mas. A pesar de sus éxitos incontestables el movimiento por el derecho a decidir tiene dos debilidades estructurales. La primera, un insuficiente apoyo en los sectores populares de Catalunya más golpeados por la crisis, especialmente si tienen un origen inmigrante, tal como mostraron las menores participaciones en el 9N de las poblaciones de los cinturones industriales. El segundo una muy débil solidaridad o, al menos, simpatía o comprensión entre los pueblos del Estado español. En mi opinión el camino para superar estas debilidades pasa por mostrar en la práctica que el combate por el derecho a decidir se desarrolla paralelamente a la lucha por la democracia radical, contra la corrupción y por la satisfacción de las necesidades económicas y sociales de la población. Sólo si hay una alternativa fuerte que camine en esta dirección es posible atraer a más capas populares de Catalunya a la defensa del derecho a decidir y a la independencia; y que sectores populares del resto del Estado comiencen a ver que tienen cosas importantes en común con esa alternativa, aunque el aspecto particular del derecho a decidir o la independencia siga provocando recelos. Apoyar la lista unitaria de Mas impediría la posibilidad de empezar a construir una alternativa de este tipo (que ERC no representa en absoluto) y significaría un cheque en blanco para la continuidad de su política neoliberal, antes y después de una posible independencia.

El hecho que la ANC y Omnium hayan celebrado la propuesta de Mas no debe hacer pensar que estas organizaciones estén dominadas por CDC, lo cual no es cierto en absoluto. En mi opinión tiene más a ver con un análisis estratégico que considera que introducir contenidos económicos y sociales en el movimiento haría perder más apoyos sociales por la derecha de los que conseguiría ganar por la izquierda; con una despreocupación por la necesidad de conseguir solidaridades y simpatías entre los pueblos del Estado español; y con una sobrevaloración exagerada del apoyo (aunque sea sin simpatía) que la reivindicación de la independencia de Catalunya puede acabar encontrando entre algunas potencias mundiales, particularmente de los estados de la Unión Europea (se citan a menudo ejemplos como Estonia, olvidando el muy distinto contexto internacional).

Discrepancias sobre el proceso constituyente

En la propuesta de Artur Mas la redacción de la constitución de la Catalunya independiente no se iniciaría después de las próximas elecciones, cuyo mandato sería como máximo de dieciocho meses, sino que las elecciones constituyentes serían las siguientes, las que se convocarían simultáneamente con el referéndum de ratificación de la independencia. En esto sigue también las recomendaciones del Llibre Blanc, que sigue siendo la referencia fundamental también de la ANC y Omnium.

Pero Junqueras se aparta del guion también en este punto y propone que el proceso constituyente se inicie inmediatamente después de las elecciones avanzadas. La razón que da es que puede ser un instrumento inclusivo de mucha gente que no haya votado a favor de la independencia, pero que no quiera quedarse al margen del proceso de definición del nuevo estado.

Considero que al razonamiento anterior se le pueden añadir dos argumentos de peso para justificar que inmediatamente después de las elecciones autonómicas debe abrirse un proceso constituyente.

En primer lugar, el derecho de Catalunya a decidir no debe limitarse sólo a determinar las relaciones que quiere mantener con el Estado español (sea la independencia, la federación u otra alternativa), sino que debe poder ejercerse en todas las cuestiones importantes que afectan la vida de los ciudadanos. Las organizaciones populares, a través de diversas Iniciativas Legislativas Populares y otros procedimientos, han mostrado en diversas ocasiones que quieren ejercer este derecho. Y la voluntad de construir una democracia más participativa debe demostrarse en los hechos. Por eso inmediatamente después de las elecciones autonómicas hay que abrir un proceso constituyente en el que las organizaciones populares tengan protagonismo.

En segundo lugar, la apertura de un proceso constituyente puede abrir una vía de salida en el caso de que la opción por la independencia no tenga mayoría suficiente, pero que sí la tengan los partidarios del derecho a decidir (la suma de los que quieren la independencia y los que desean una salida de tipo federal u otra). Abrir un proceso constituyente popular puede ser un campo de actividad común, que quizá no pueda materializarse rápidamente en el cambio de relaciones con el Estado (mientras la llave la sigan teniendo el PP y el PSOE no hay ninguna posibilidad de una salida federal o de otro tipo en la que se trate a Catalunya en un plano de igualdad), pero sí en otros terrenos, como los que afectan a las libertades y a los derechos económicos y sociales. Y en los que no se pueda materializar quedarán como la Carta de derechos y libertades del pueblo de Catalunya, por la que valdrá la pena seguir luchando.